El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ha brindado detalles clave sobre los próximos pasos en el caso de la detención de Martín de Los Santos en Brasil. Según Gajardo, el Ministerio Público deberá realizar las solicitudes correspondientes en una audiencia de formalización este viernes, 4 de julio, para iniciar el proceso de extradición y asegurar que el sospechoso enfrente la justicia en Chile.
Un Mensaje Contundente
En declaraciones a la prensa, el ministro Gajardo envió un mensaje claro a quienes intentan eludir la justicia en Chile. «Cualquier persona que tenga que enfrentar la justicia en nuestro país tiene que tener muy claro que las capacidades institucionales de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema policial nos van a permitir, si él quiere eludir a la justicia, encontrarlo en el país en el que se encuentra», aseguró.
Gajardo explicó que Martín de Los Santos fue detenido en Brasil por una orden de captura internacional, lo que significa que permanecerá detenido hasta que dicha orden esté vigente. Esto se debe a que De Los Santos está imputado por lesiones graves contra un conserje de 70 años en Vitacura, y actualmente debería estar cumpliendo prisión preventiva en Chile.
Coordinación Policial Efectiva
El ministro destacó la efectiva coordinación entre las autoridades chilenas y brasileñas que permitió ubicar y detener a Martín de Los Santos en Brasil. «La coordinación de nuestras policías nos permitió que el día de hoy se encuentre detenido por parte de la Policía Federal», afirmó Gajardo.
Próximos Pasos
Según el ministro, el Ministerio Público deberá realizar las solicitudes correspondientes en la audiencia de formalización del próximo viernes para iniciar el proceso de extradición. «El Ministerio Público tiene que hacer las solicitudes respectivas en esa audiencia, y llevar adelante el proceso de extradición para que esta persona enfrente la justicia en nuestro país», detalló Gajardo.
Este caso envía un mensaje claro de que las autoridades chilenas están comprometidas con hacer que los sospechosos de delitos graves enfrenten la justicia, independientemente de dónde se encuentren.
