La extracción de áridos, ya sea de origen fluvial o marino, es una actividad que conlleva importantes riesgos ambientales para nuestros ecosistemas. Sin embargo, el proyecto de ley actualmente en trámite en el Congreso (Boletines N° 15.096-09 y N° 15.676-09, refundidos) aborda de manera desigual estos dos tipos de extracción.
Mientras que los áridos fluviales estarán sujetos a un nuevo marco regulatorio que incluye trazabilidad, fiscalización, zonas de prohibición y planes de cierre, los áridos marítimos continuarán regulados por un cuerpo legal de más de 60 años de antigüedad —el DFL N° 340 de 1960—, en el que la autoridad competente es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y, en ciertos casos, la DIRECTEMAR.
Una Asignación de Competencias sin Justificación Técnica
Esta diferenciación en el tratamiento de los áridos fluviales y marinos no responde a criterios técnicos ni ambientales, sino que obedece a razones históricas y estratégicas, vinculadas con la necesidad de ejercer control permanente sobre el litoral desde una lógica de defensa nacional.
Sin embargo, ambos tipos de extracción implican remoción de material desde bienes nacionales de uso público y pueden generar daños ambientales, por lo que requieren mecanismos de control y regulación coherentes.
Casos Emblemáticos de Impactos Ambientales
La omisión legislativa de los áridos marinos adquiere mayor relevancia a la luz de casos como el Proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro», en Talcahuano (ROL SMA D-061-2022). En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos por incumplimientos graves a la Resolución de Calificación Ambiental, incluyendo el uso de un método extractivo distinto al autorizado, la ausencia de obras de manejo de aguas lluvias y la falta de medidas para evitar el arrastre de sedimentos al mar.
Estas infracciones motivaron al Municipio de Talcahuano a decretar el cierre del establecimiento por falta de permisos, evidenciando la debilidad del sistema actual para prevenir impactos ambientales significativos en las zonas costeras.
La Necesidad de una Regulación Integral y Coherente
La experiencia comparada y la jurisprudencia administrativa demuestran que una regulación efectiva requiere coherencia normativa y coordinación entre los distintos órganos del Estado. La actual omisión de los áridos marítimos en el proyecto de ley impide avanzar hacia ese objetivo y perpetúa la fragmentación del llamado «derecho de áridos».
Solo una regulación clara y articulada, que abarque tanto los áridos fluviales como los marinos, permitirá superar la actual dispersión normativa y subsanar el abandono legislativo en el que hoy se encuentran los áridos de origen marino. De lo contrario, el borde costero seguirá sin el resguardo que merece.
