En una operación coordinada por el Ejército y la Policía colombiana, se logró el rescate de 57 militares que habían sido «privados de su libertad» un día antes en la región del Cañón del Micay, en el convulso departamento del Cauca. Este secuestro masivo fue perpetrado por comunidades «constreñidas» por una disidencia de las FARC conocida como el grupo Carlos Patiño.
La presión de las tropas permitió la captura en flagrancia de los presuntos secuestradores, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que este hecho pone en riesgo «el orden constitucional, la gobernabilidad y la legitimidad» que debe ser protegida para mantener el Estado de Derecho y llevar inversión social a la población de la zona.
Antecedentes del conflicto
Este no es el primer incidente de este tipo en la región. En marzo pasado, 28 policías y un militar fueron secuestrados en El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, cuando ayudaban a repeler una asonada de pobladores contra el Ejército. Los uniformados fueron liberados dos días después, y el ministro atribuyó lo ocurrido a la acción de este grupo disidente.
Para intentar retomar el control de la zona, el Ejército puso en marcha en octubre del año pasado la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados. Sin embargo, el despliegue militar no ha dado los resultados esperados y las disidencias siguen controlando la región y desafiando al Estado.
Implicaciones y perspectivas
Desde una perspectiva de seguridad nacional, este secuestro masivo de militares pone de manifiesto la persistencia y la capacidad de acción de los grupos disidentes de las FARC, que siguen representando una amenaza para la estabilidad y el orden público en ciertas regiones de Colombia. Para los habitantes de la zona, esta situación significa vivir bajo la presión y el constreñimiento de estos grupos armados, lo que limita gravemente su libertad y desarrollo.
Ante este escenario, las autoridades colombianas deberán redoblar sus esfuerzos para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil y de las fuerzas del orden. Solo así podrán avanzar en la consolidación del Estado de Derecho y llevar a cabo los programas de inversión social tan necesarios en esta convulsa región del país.
