En una decisión histórica, un tribunal en Temuco, Chile, ha ordenado la destrucción de un Nissan 350Z que participó en una peligrosa carrera clandestina. Este es el primer caso de su tipo en el país, donde la justicia ha tomado medidas contundentes para castigar a los infractores y eliminar los vehículos utilizados en estas actividades ilegales.
La querella fue presentada por la Municipalidad de Temuco, luego de que en febrero de 2023 se registrara un incidente en la Isla Cautín, donde los conductores pusieron en riesgo la vida de terceros. Tras admitir su responsabilidad, los dos implicados fueron condenados a sanciones que incluyen la suspensión de sus licencias de conducir, inhabilitación para cargos públicos y hasta 61 días de reclusión para uno de ellos.
Una Nueva Ley para Frenar las Carreras Ilegales
Este fallo se enmarca en la Ley 21.495, promulgada en 2022, que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. Según la norma, los conductores y facilitadores de estos eventos pueden enfrentar penas que van desde multas hasta presidio, dependiendo de las consecuencias de sus actos.
La fiscal Claudia Turra valoró la resolución, señalando que se trata de una de las primeras condenas bajo este nuevo tipo penal. «Es una señal clara de que la justicia no tolerará más estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de todos», afirmó.
Coordinación Clave entre Autoridades
Desde el municipio, la directora jurídica Muriel Maturana destacó que la novedad del fallo radica en que el tribunal no solo condenó a los implicados, sino que también ordenó la destrucción del auto, considerado el medio para cometer el delito. Según Maturana, la coordinación entre la Fiscalía, la policía y el Municipio fue fundamental para este resultado, en un contexto donde los municipios tienen atribuciones limitadas para frenar estos actos.
Este caso sienta un precedente importante, demostrando que las autoridades chilenas están decididas a erradicar las carreras clandestinas y a imponer sanciones severas a quienes pongan en riesgo la seguridad pública. La destrucción del vehículo involucrado es una medida contundente que envía un mensaje claro: en Chile, la justicia no tolerará más estas peligrosas actividades.
