Una polémica situación ha surgido en torno a la concejala de Graneros, Thae Loiza, quien está siendo investigada por la Fiscalía de O’Higgins por presentar al menos diez certificados médicos falsos para justificar sus ausencias del Concejo Municipal. Según las diligencias realizadas, los documentos utilizados en distintos períodos de tiempo habrían usado la firma de un médico que falleció en 2019.
Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó que al tratarse de una persona no afiliada a Fonasa, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) «no tendría la capacidad de hacer ni la contraloría médica ni la fiscalización del caso». La autoridad detalló que en este caso particular no hay licencias médicas involucradas, sino que se habrían presentado certificados médicos.
Albagli reiteró que Loiza no está afiliada a Fonasa, por lo que «no tenemos nosotros la fuente de información para poder entregar una descripción completa del caso». La subsecretaria señaló que una posible explicación es que se tratase de una situación informal dentro de la Municipalidad, y que la investigación deberá determinar cómo la concejala tuvo acceso a los datos y/o timbre del médico fallecido.
Este caso pone de manifiesto las limitaciones que enfrentan las autoridades de salud para fiscalizar situaciones irregulares cuando los involucrados no están adscritos al sistema público de salud. Mientras que la Compin tiene facultades para auditar licencias médicas de afiliados a Fonasa, su capacidad de intervención se ve restringida cuando se trata de personas ajenas a dicho sistema. Esto plantea la necesidad de revisar los mecanismos de control y transparencia en el ámbito municipal, donde podrían producirse este tipo de irregularidades.
