En una decisión que reafirma los derechos de los menores migrantes, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo en favor de un niño venezolano de 12 años a quien se le había negado la residencia temporal por no contar con el carné de identidad de su país de origen.
Según los antecedentes del caso, el menor ingresó a Chile de manera irregular desde Tacna, Perú, en febrero de 2022, junto a su madre y su hermana de 3 años. Al intentar regularizar su situación migratoria, la familia solicitó la residencia temporal para el niño en enero de 2025. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el Servicio Nacional de Migraciones, argumentando que el menor no contaba con la cédula de identidad venezolana.
La Corte declara ilegal y arbitraria la negativa de Migraciones
En su resolución, la Corte de Apelaciones consideró que el actuar del Servicio Nacional de Migraciones fue ilegal y arbitrario, ya que provocaba una perturbación o amenaza a la libertad personal del menor. Esto se debe a que, según explicó la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sede Araucanía, Karen Torres, el niño no cuenta con documento de identidad venezolano debido a que no hay embajada de ese país en Chile.
Impacto en la vida del menor
La madre del niño relató en el recurso de amparo que, al no tener RUT (Rol Único Tributario), su hijo no pudo acceder a una beca de estudios cuando estaba en Santiago. Además, en Temuco, donde participa en un club de fútbol, no puede competir en los campeonatos porque se le exige el mismo documento.
«Como no tiene documentos es como si no fuera de ninguna parte, como si no existiera», alegó la mujer.
La Corte ordena a Migraciones pronunciarse sobre la solicitud
En su resolución, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó al Servicio Nacional de Migraciones que se pronuncie a la mayor brevedad sobre la solicitud de residencia temporal del menor, prescindiendo de la documentación requerida.
Este fallo representa un importante precedente en la protección de los derechos de los niños migrantes, al reconocer que la falta de documentos de identidad no puede ser un obstáculo para acceder a derechos fundamentales como la educación y la participación social.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por los ministros María Georgina Gutiérrez, Luis Olivares y el abogado integrante Sergio Oliva.
