En un duro golpe a la credibilidad del Gobierno, la Contraloría Regional Metropolitana ha impuesto siete cargos contundentes contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por graves infracciones administrativas cometidas antes y después de la denuncia de acoso presentada por una subalterna.
La investigación de la Contraloría reveló un patrón de conducta impropia, abuso de poder y ocultamiento de información por parte de Monsalve, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por el proceso penal paralelo que enfrenta.
Besos, salidas y encubrimiento
El primer cargo califica como «conducta impropia» el beso que Monsalve dio a la subalterna tras una salida laboral, un hecho que ambas partes confirmaron ante la Fiscalía, aunque discreparon sobre su carácter consentido. La Contraloría determinó que esto constituyó una «infracción grave a sus deberes como autoridad».
Un segundo cargo señala una «conducta atentatoria contra la dignidad de una subalterna», vinculada a una salida al restaurante Ají Seco Místico que culminó en el hotel de Monsalve. Según los testimonios recabados, esta situación afectó directamente a la funcionaria bajo su mando.
Ocultamiento y uso indebido de recursos
El tercer cargo acusa a Monsalve de «no informar oportunamente» a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y al presidente Boric sobre los incidentes con la subalterna. Se le reprochó especialmente haber ocultado estos hechos pese a dirigir la repartición involucrada.
Además, se le imputó por no utilizar su escolta policial el 22 de septiembre de 2023, día en que liberó a los policías de su custodia. La Contraloría rechazó su argumento de que era una práctica habitual los fines de semana, considerándolo una grave infracción funcional.
Hostigamiento a la denunciante
Los cargos seis y siete se relacionan con hostigamiento a la denunciante. Se comprobó que Monsalve avaló que detectives le enviaran un sándwich simulando un delivery para monitorear su estado, y que la llamó reiteradamente pese a conocer su licencia médica.
La Contraloría cerró el sumario con estas siete imputaciones, mientras Monsalve continúa su arresto domiciliario en Viña del Mar. El exsubsecretario deberá responder administrativamente por estas infracciones, además de enfrentar la reformalización penal del próximo 18 de julio.
Este escándalo ha sacudido los cimientos del Gobierno, poniendo en tela de juicio la integridad de sus altos funcionarios y generando un profundo cuestionamiento sobre los mecanismos de rendición de cuentas y la protección de los derechos de los trabajadores públicos.
