El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se ha visto envuelto en una controversia política después de que consejeros regionales de la UDI y Republicanos anunciaran su intención de solicitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Esto se debe a las irregularidades detectadas por la Contraloría en el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano.
Orrego calificó esta acción como un «burdo aprovechamiento político«, argumentando que se busca la «muerte política de una autoridad electa democráticamente por más de 2,5 millones de personas». El Gobernador cuestionó que la solicitud se base en un informe de Contraloría que aún tiene etapas pendientes de apelación, sin que haya una acusación formal o condena en su contra, y sin darle la oportunidad de defenderse.
La Postura de los Partidos
Mientras que la bancada de la UDI se ha unido a Republicanos para presentar el requerimiento ante el Tricel, la postura de Renovación Nacional (RN) aún no está definida. Los consejeros regionales de RN han declarado que tienen el deber de «actuar con responsabilidad ante posibles actos de uso indebido de recursos públicos y faltas a la probidad administrativa».
Sin embargo, RN afirma que para que una destitución prospere, se necesitan «argumentos jurídicamente sólidos que se tienen que construir». En lugar de tomar una posición definitiva, RN ha anunciado que liderará la constitución de la Comisión de Control Regional, con el objetivo de exigir los 52 informes de coaching encargados por la Gobernación y obtener más información sobre el caso.
Investigación Interna y Llamado a la Responsabilidad
Ante estas acusaciones, Orrego anunció una indagatoria inmediata relacionada con la denuncia de que un alto funcionario del Gobierno de Santiago sería socio de la empresa AJEM Asesores y Consultores Limitada, con la que se habría efectuado una contratación directa por más de $109 millones.
En su declaración, RN hizo hincapié en que no actuarán por «presión o cálculo político», sino que serán «firmes y rigurosos en esta investigación», entendiendo que el caso merece ser abordado con prontitud. La bancada regional ha solicitado una audiencia formal con la Contraloría para profundizar en el asunto.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la política regional y la necesidad de abordar los posibles actos de irregularidad con responsabilidad y apego a los principios democráticos, sin caer en un «burdo aprovechamiento político» como denuncia el Gobernador Orrego.
