En un fallo contundente, el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ha sido declarado culpable de lavado de activos e incremento patrimonial injustificado durante su mandato. Este caso emblemático de corrupción municipal pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
Según la acusación del Ministerio Público, Aguilera aumentó su patrimonio en más de $268 millones sin justificación aparente. Esto llevó a que se solicitara una condena de 10 años de cárcel, además de multas que alcanzan aproximadamente los $329 millones. La defensa del exalcalde sostuvo lo contrario, argumentando tres fuentes de ingreso y su remuneración superior a los $4 millones. Sin embargo, el tribunal no acogió esta postura y declaró a Aguilera culpable de enriquecimiento ilícito.
Absuelto del Delito de Cohecho por Prescripción
Si bien Aguilera fue condenado por lavado de activos e incremento patrimonial injustificado, fue absuelto del delito de cohecho pasivo debido a la prescripción de la acción penal. La defensa del exalcalde argumentó que el delito de cohecho había sido formalizado más de cinco años después de su comisión, lo que llevó a la prescripción de la acción.
Lecciones Aprendidas y Desafíos Pendientes
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración pública. La corrupción municipal es un problema que socava la confianza ciudadana y debe ser abordado con firmeza. Además, la prescripción de delitos como el cohecho evidencia la importancia de agilizar los procesos judiciales y garantizar que la justicia se imparta de manera oportuna.
La condena de Aguilera por lavado de activos y enriquecimiento ilícito es un paso importante, pero queda pendiente la implementación de medidas más efectivas para prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito local. Solo así podremos construir una administración pública más transparente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
