En un giro inesperado, el municipio de Osorno, en su rol de sostenedor, ha presentado una querella criminal contra la directora de la Escuela Especial Ana Aichele, identificada con las iniciales F.A.F.F. La acusación incluye delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, hurto agravado y falsificación ideológica de instrumento público, todos en calidad de autora.
Según la querella, durante enero de 2024, la directora habría validado dolosamente la asistencia de un docente con las iniciales M.C.A., pese a que este se encontraba con licencia médica psiquiátrica activa. Esto habría permitido el pago de remuneraciones injustificadas con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), situación que se habría repetido con una renovación contractual en marzo del mismo año.
Además, se acusa a la funcionaria de no informar dichas inasistencias al sostenedor del establecimiento, el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Esto habría impedido adoptar medidas correctivas y habría facilitado la reiteración del perjuicio fiscal.
Otro de los episodios denunciados habría ocurrido en mayo de este año, cuando F.A.F.F. habría sido captada por cámaras de seguridad retirando, sin autorización formal, cajas de leche líquida y sacos de papas desde la cocina institucional. Dichos insumos correspondían al Programa de Alimentación Escolar «Juntémonos» de Junaeb, destinado exclusivamente al consumo de los estudiantes beneficiarios.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, señaló que la querella «está en etapa de investigación (…) será la Fiscalía la que tendrá pronunciarse en un momento determinado». Por su parte, la docente y representante de los profesores, Ana Aichele, Lorena Gallardo, expresó que la acción legal del municipio no fue informada a la comunidad educativa por medios formales, y que esperan «que sea rápida la resolución de todo».
Cabe destacar que, desde 2023, funcionarios del recinto educacional han acusado a la directora de situaciones de acoso y sobrecarga laboral, lo que derivó en una denuncia formal en noviembre de 2024. El concejal Arturo Buschmann, quien ha abordado estos problemas en diversos concejos municipales, confirmó que la funcionaria denunciada continúa en funciones.
El municipio de Osorno ha solicitado una serie de diligencias al Ministerio Público, entre ellas el levantamiento de registros bancarios, la recopilación de antecedentes desde la Dirección del Trabajo y Junaeb, la revisión de imágenes de seguridad y, por supuesto, la declaración de la imputada.
