Tania Barraza Álvarez, esposa del diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), ha renunciado a su cargo como funcionaria del Instituto Nacional de Deportes (IND) en la región de Coquimbo. Esta decisión se produce en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de empleados públicos.
Según informes de El Serenense, la renuncia de Barraza se dio a conocer luego de una denuncia masiva enviada a los medios locales. En ella se acusaba a la funcionaria de haber utilizado una licencia médica para salir del país con fines recreativos, junto a su esposo, el parlamentario de oposición.
En una declaración pública, Barraza aseguró que su decisión de renunciar responde a «razones estrictamente personales«. Además, descartó haber sido notificada sobre algún sumario en su contra y se puso a disposición de las autoridades competentes, como la Contraloría General de la República, si fuera necesario.
Trayectoria Intachable en el IND
La exfuncionaria del IND destacó que durante sus 13 años de carrera en la institución siempre obtuvo las máximas evaluaciones, siendo calificada en Lista 1. Por ello, aseguró que no permitirá que «publicaciones malintencionadas y filtraciones tergiversadas» desde la dirección regional en la que se desempeñaba, ensucien su honra y reputación.
Barraza indicó que su renuncia se había decidido desde abril, con el objetivo de dedicarse a su familia y apoyar sin restricciones la campaña de reelección de su esposo, el diputado Sulantay. Según sus declaraciones, esta situación la había comunicado en reiteradas ocasiones a sus jefaturas directas.
Acciones Legales en Puerta
Finalmente, la exfuncionaria del IND se reservó el derecho de emprender «acciones administrativas y judiciales» en el futuro, tanto contra las personas que trabajan en la oficina regional del IND, como contra quienes hayan publicado «información falsa, manipulada o engañosa» sobre su caso.
Este episodio se produce en medio de una investigación más amplia sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, que ha generado un intenso debate en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
