En un giro inesperado, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo que declaró ilegal el «pinchazo» al teléfono de Josefina Huneeus, una decisión que ha generado debate en torno a los límites de los métodos de investigación utilizados por la Fiscalía. El fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció sobre este revés judicial, señalando que «es una decisión que no deseábamos».
Equilibrando Legalidad y Eficacia
Valencia explicó que, de los cinco ministros que conformaban la sala, tres eran titulares y dos abogados integrantes, quienes por mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Aunque el Ministerio Público esperaba que la Corte Suprema revocara el fallo, el fiscal nacional reconoció que «para eso están los tribunales de justicia, para resolver las discusiones sobre la legalidad que existen los intervinientes».
Impacto en Investigaciones Más Amplias
Valencia enfatizó que este fallo «no afecta de manera alguna el curso de la investigación» en el caso Convenio, que es «mucho más grande que eso», al igual que el caso ProCultura, que también es «bastante más amplio». La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta, dijo, sigue adelante.
Revisión de Procedimientos Cuestionados
Ante las preguntas sobre posibles sanciones o procedimientos disciplinarios contra el fiscal Patricio Cooper y los persecutores adjuntos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Valencia indicó que se solicitó un informe al fiscal regional de Coquimbo y que, una vez recibido, se revisará si procede abrir una investigación disciplinaria.
Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las autoridades judiciales mantengan un equilibrio entre la eficacia de las investigaciones y el respeto por los derechos y garantías legales. La decisión de la Corte Suprema, si bien representa un revés para la Fiscalía, también puede servir como una oportunidad para que los organismos encargados de la persecución del delito revisen sus procedimientos y fortalezcan su apego a la legalidad, en aras de preservar la integridad del sistema de justicia.
