Chiquita Brands, la multinacional bananera estadounidense, ha anunciado el despido de más de 1,600 trabajadores en Panamá tras más de un mes de huelga. Esta decisión se produce después de que la empresa despidiera previamente a 4,900 empleados y cesara sus operaciones en su centro de producción de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.
Los trabajadores de Chiquita se declararon en huelga para protestar contra una reciente reforma del seguro social que eliminó beneficios específicos para los obreros bananeros en salud y pensiones. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó que la compañía ha solicitado autorización para despedir al resto de su plantilla en el país.
La huelga, declarada ilegal por un tribunal laboral, ha provocado el cierre de varias rutas en la región turística de Bocas del Toro y más de 75 millones de dólares en pérdidas, según datos de Chiquita. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, señaló que «el clamor de todos es que abran las calles, hay restaurantes y comercios cerrando, ya no aguantan más».
Protestas y Caos Económico
Las protestas contra la reforma de las pensiones y otros temas han ido en aumento en Panamá desde hace más de un mes. El gobierno derechista de José Raúl Mulino ha intentado negociar con los sindicatos, aceptando elaborar un proyecto de ley para restituir los beneficios laborales de los empleados de las bananeras. Sin embargo, los gremios se niegan a levantar las protestas hasta que no se apruebe la nueva normativa.
La situación ha generado un caos económico en la región, con escasez de productos y combustible, cajeros automáticos fuera de servicio y escuelas cerradas. La policía ha tenido que utilizar gases lacrimógenos para reabrir tramos de la carretera Panamericana bloqueados por los manifestantes.
Impacto en la Economía Local
La salida de Chiquita Brands de Panamá tendrá un impacto significativo en la economía local, especialmente en la provincia de Bocas del Toro, donde la empresa era uno de los principales empleadores. Esto podría generar un aumento del desempleo y una caída en los ingresos de los comercios y servicios que dependían de la actividad bananera.
El gobierno panameño se enfrenta a la difícil tarea de encontrar una solución que satisfaga tanto a los trabajadores como a la empresa, mientras intenta mitigar los efectos negativos en la economía regional. La resolución de este conflicto laboral y social será crucial para la estabilidad y el desarrollo futuro de Panamá.
