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miércoles, junio 25, 2025

Escándalo de Adopciones Ilegales: Jueza Procesada por Sustracción de Menores Durante la Dictadura

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El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ha dictado el primer procesamiento en un caso emblemático de sustracción de menores ocurrido entre 1970 y 1990 en Chile durante la dictadura militar. La investigación reveló una red criminal integrada por abogados, sacerdotes, funcionarios de salud y una jueza que se dedicaba a detectar y entregar en adopción a niños de madres de escasos recursos, vendiéndolos a parejas extranjeras a cambio de sumas que podían llegar hasta los $50,000 dólares.

Según los antecedentes, la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pávez, fue procesada y se ordenó su prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Además, se solicitó su extradición desde Israel, donde actualmente reside.

Casos Emblemáticos de Sustracción de Menores

Entre los casos investigados, destaca el de Andrea, una niña de 3 años que fue sustraída en 1983 por Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León y Laura Rosa Silva Sánchez, con el fin de venderla al extranjero. La menor fue objeto de una tramitación judicial iniciada por Carlos Sigisfredo Vega Segura, quien solicitó la tuición ante el tribunal donde Gutiérrez era jueza, con el objetivo de sacarla del país y entregarla en adopción.

Otro caso mencionado es el de un menor cuya salida del país fue «rauda y aceleradamente» autorizada por Gutiérrez en 1983, en el contexto de una organización criminal con conexiones permanentes en Santiago, incluyendo una oficina de abogados, una guardería infantil y una oficina del Registro Civil.

Crímenes de Lesa Humanidad y Justicia Tardía

El magistrado Aguilar determinó que, con los antecedentes recopilados, se pudo comprobar los delitos cometidos por esta red criminal. Cabe destacar que la prescripción de los delitos no aplicó en este caso, ya que se trataría de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar, que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras décadas de impunidad, finalmente la justicia llega para estas víctimas y sus familias, quienes sufrieron un trauma indeleble por la sustracción de sus hijos, señaló el ministro Aguilar.

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