Marcelo Rivera, consejero regional del Bío Bío, ha denunciado ante la Contraloría el presunto uso irregular de más de $12 mil millones provenientes del Fondo por Royalty Minero en el Gobierno Regional (GORE) de la zona. Según Rivera, estas reasignaciones presupuestarias no cumplirían con los requisitos legales establecidos para el destino de estos recursos.
En su requerimiento, el consejero explicó que, luego del caso Fundaciones, se habían limitado estos fondos a ser utilizados únicamente en proyectos de ciencia y tecnología. Sin embargo, las modificaciones presupuestarias cuestionadas habrían destinado estos recursos a otros fines que no se ajustarían a la normativa vigente.
Cabe destacar que Rivera fue el único consejero que se abstuvo en la votación de estas modificaciones presupuestarias, precisamente por advertir su base ilegal. Según sus declaraciones, existe una total desconexión del GORE con las prioridades de la ciudadanía, como la seguridad, el desempleo y el fortalecimiento del sistema de salud.
Posición del Gobierno Regional
Por su parte, el gobernador Sergio Giacaman afirmó que los Gobiernos Regionales (Gores) pueden disponer de los recursos del Royalty Minero para realizar inversiones productivas, y que se han basado en dictámenes anteriores de la Contraloría para respaldar estas decisiones.
Sin embargo, Rivera cuestiona esta posición, argumentando que las reasignaciones presupuestarias cuestionadas no cumplen con los requisitos legales establecidos para el uso de estos fondos. Esto ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos del Royalty Minero en la región.
Llamado a la Contraloría
Ante esta situación, el consejero regional Marcelo Rivera ha solicitado la intervención de la Contraloría para investigar el presunto uso irregular de los más de $12 mil millones del Fondo por Royalty Minero en el GORE Bío Bío. Esta denuncia busca esclarecer si las reasignaciones presupuestarias realizadas se ajustan a la normativa vigente y responden a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.
El caso ha generado preocupación en la región y pone en evidencia la importancia de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente aquellos provenientes de actividades extractivas como la minería.
