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Justicia Repara: Corte Ordena $90 Millones por Trauma Ocular en Estallido Social

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Justicia Repara: Corte Ordena $90 Millones por Trauma Ocular en Estallido Social

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió una demanda contra el Fisco por una víctima que sufrió un traumatismo ocular durante una manifestación en San Fernando el 20 de octubre de 2019, en el marco del denominado estallido social. El afectado perdió el 70% de su visión tras recibir impactos de perdigones disparados por Carabineros.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal —integrada por los ministros Michel González Carvajal, Erika Silva Pavez y el abogado (i) Gastón Bobadilla Quinteros— revocó la sentencia de primera instancia que rechazaba la indemnización. El monto fijado alcanzó los $90 millones por daño moral.

Responsabilidad Institucional y Violación de Protocolos

El tribunal determinó que los disparos se dirigieron «a la parte superior del cuerpo del afectado, incumpliendo los lineamientos de uso de fuerza». Según el fallo, «el actuar defectuoso de Carabineros configuró falta de servicio, ya que se actuó mal en relación a los protocolos durante el control de la manifestación».

La sentencia subrayó que «el uso de la escopeta antidisturbios se realizó defectuosamente, lo que generó responsabilidad indemnizatoria para el Fisco». Además, citó que el accionar de la institución «operó como factor de imputación directa para la condena».

Reparación del Daño Moral

La demanda fue presentada por los abogados Felipe Leiva Fadic, Guillermo Chahuan Chahuan e Ignacio Mujica Torres. En esa línea, el Fisco, representado por la procuradora fiscal Lya Hald, deberá pagar los $90 millones una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

El monto se reajustará y devengará intereses corrientes desde la fecha de ejecutoriedad del fallo. Asimismo, la Corte enfatizó que la compensación busca reparar el daño moral derivado de la «discapacidad visual permanente del 70%» sufrida por la víctima.

La sentencia destaca que el actuar defectuoso de Carabineros, al incumplir los protocolos de uso de fuerza, generó responsabilidad indemnizatoria para el Estado.

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