Valparaíso enfrenta una crisis habitacional apremiante, donde 115 familias que residen en el campamento Comité Unión Sin Fronteras, ubicado en Placilla de Peñuelas, se enfrentan a un inminente desalojo. Este escenario se desencadenó tras una demanda presentada por el dueño de las parcelas 161, 162 y 163, quien los acusa de ocupar terrenos privados sin autorización.
Según Carlos Videla, vecino del campamento, estas familias han habitado el lugar desde el 2022, y ahora se enfrentan a la orden judicial de desalojo programada para el próximo 17 de agosto. Ante esta situación, los residentes están dispuestos a entablar conversaciones con el propietario para negociar una posible compra del terreno y así evitar perder sus hogares.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, reconoce que el municipio no tiene las facultades para detener esta orden de desalojo, pero ha solicitado espacios de coordinación junto a la Delegación Presidencial Regional para buscar soluciones.
Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme ha comunicado que se está coordinando una mesa de trabajo con diversos servicios públicos para abordar esta problemática.
Por su parte, el concejal Vicente Celedon señala que el campamento ha contribuido positivamente a Placilla de Peñuelas, ya que el terreno anteriormente era un lugar baldío que se prestaba para la formación de microbasurales.
Finalmente, Sandra Vergara, presidenta de la Unión de Campamentos Placillanos, destaca que esta toma está compuesta por familias con adultos mayores, niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y personas no videntes, quienes deberán desalojar sus hogares en agosto tras la orden judicial interpuesta por el dueño.
Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de encontrar soluciones sostenibles y humanas para las familias vulnerables que enfrentan la amenaza de perder su hogar. La coordinación entre las autoridades y la comunidad será clave para evitar un desalojo traumático y garantizar el derecho a una vivienda digna.
