En un sorprendente informe, la Contraloría General de la República (CGR) ha destapado una situación alarmante en el sistema de salud pública de nuestro país. Según los datos recopilados, 250 funcionarios públicos de centros de salud asistieron partos mientras se encontraban de baja médica, incumpliendo así el periodo de reposo indicado en sus licencias.
El Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº10 de 2025 reveló que estos trabajadores, que cumplen funciones públicas a nivel nacional, habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber asistido parto durante ese mismo lapso
. Este hallazgo se logró al cruzar datos del Registro Civil e Identificación sobre 328.383 partos ocurridos entre 2023 y 2024, con el Registro de Licencias Médicas extendidas a funcionarios durante el mismo período, proporcionado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Uso Irregular de Licencias Médicas
Según el informe, se habría incurrido en un uso irregular de 440 licencias médicas, de las cuales el 27% corresponden a Fonasa y el 73% a Isapres. En total, estos 250 funcionarios asistieron 710 partos, de los cuales 343 fueron en clínicas, 358 en hospitales y 9 en otros lugares. Incluso, 72 trabajadores habrían asistido uno o más partos en su lugar habitual de trabajo.
Más allá de estos datos, el informe también reveló que 216 de los 250 funcionarios asistieron entre 1 a 3 partos, 14 entre 4 a 6, y 20 a más de 7. Aún más sorprendente, uno de ellos se otorgó licencia a sí mismo para luego asistir un parto en periodo de reposo.
Empleadores Involucrados
Según la CGR, estos 250 funcionarios están vinculados a 63 empleadores distintos, de los cuales se expusieron los 10 principales, que abarcan un 49% del total. Esto demuestra que el problema no se limita a una sola institución, sino que es un fenómeno generalizado en el sistema de salud pública.
Esta revelación plantea serias interrogantes sobre la integridad y el compromiso de los trabajadores de la salud con sus pacientes y con el sistema en general. Además, pone en tela de juicio la eficacia de los controles y mecanismos de supervisión dentro de las entidades de salud pública. Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas contundentes para abordar esta problemática y garantizar el cumplimiento estricto de las licencias médicas por parte de los funcionarios públicos.
