La Defensoría y el Ministerio Público se enfrentan en una disputa legal por las medidas intrusivas utilizadas en la investigación del caso Tomás Bravo. La Defensoría ha denunciado y solicitado que se declaren ilegales 13 diligencias, entre ellas interceptaciones telefónicas que involucran al tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar.
La batalla legal se remonta a finales del año pasado, cuando la Defensoría confirmó que su representado, Jorge Escobar, también era investigado por la Fiscalía de Los Ríos en la arista por sustracción de menor. Desde entonces, ha sido una serie de presentaciones que buscan cuestionar la legalidad de las medidas intrusivas aplicadas.
La defensora penal Nelly Díaz ha argumentado que las medidas intrusivas se han solicitado y autorizado sin antecedentes suficientes
, cuestionando, por ejemplo, que la fiscal regional Tariana Esquivel haya pedido extender la interceptación telefónica iniciada en septiembre de 2024, en el marco de una acusación por violación con homicidio que ya fue desechada.
Escuchas Telefónicas Cuestionadas
Entre las diligencias cuestionadas se encuentra una transcripción de una escucha telefónica donde el tío abuelo, Jorge Escobar, parece concertar un encuentro sexual con una persona desconocida. La Defensoría alega que estas interceptaciones carecen de justificación y vulneran los derechos de su representado.
Cabe destacar que la ilegalidad de estas diligencias ya fue desestimada por el Juzgado de Arauco, pero la Defensoría ha apelado la decisión ante la Corte de Concepción, donde se espera que se resuelva si los hallazgos de estas medidas intrusivas pueden seguir formando parte de la investigación.
Juicio Paralelo y Riesgo de Doble Juzgamiento
Esta disputa legal se produce a días del inicio del juicio en la segunda arista del caso Tomás Bravo, donde Jorge Escobar enfrenta una acusación por abandono de menor con resultado de muerte. La Defensoría teme que, de prosperar el juicio en Valdivia, se pueda incurrir en un doble juzgamiento, lo que pondría en riesgo los derechos de su representado.
La Defensoría y el Ministerio Público se mantienen firmes en sus posiciones, mientras la comunidad espera con expectativa el desarrollo de este complejo caso que ha conmocionado al país.
