La justicia ha dado pasos significativos en el caso de las Farmacias Populares, un escándalo que ha sacudido a la política chilena. En una reciente audiencia, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fue reformalizado por los delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal, por los que ya estaba imputado.
Además, dos personas involucradas en la investigación han sido condenadas por lavado de activos. Se trata de Patricio Zavala Espinoza, quien fue socio del exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), Matías Muñoz Becerra; y de María Matus Pérez, pareja de Muñoz. Ambos fueron sentenciados a tres años de pena, además de accesorias legales y multas, tras un juicio abreviado.
La fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, explicó que en el caso de Jadue, solo se rectificaron montos y se aumentó el plazo de investigación, sin cambios en los delitos por los que ya estaba imputado. Cabe recordar que el exalcalde estuvo meses en prisión preventiva, lo que lo llevó a perder su cargo, y actualmente cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Escándalo de las Farmacias Populares
El caso de las Farmacias Populares se remonta a una iniciativa impulsada por el exalcalde Jadue, quien buscaba ofrecer medicamentos a bajo costo a la población. Sin embargo, la investigación ha revelado una trama de corrupción y desvío de fondos públicos que involucra a diversos actores, incluyendo al propio Jadue.
Según los antecedentes, Jadue habría favorecido a empresas cercanas en la adjudicación de contratos para la administración de las farmacias, lo que habría generado millonarias ganancias para los involucrados. Además, se sospecha que se habrían facturado medicamentos que nunca fueron entregados a los usuarios.
Impacto Político y Social
El caso de las Farmacias Populares ha tenido un fuerte impacto político, ya que Jadue era una figura prominente en el Partido Comunista y aspiraba a la presidencia de Chile. Su implicación en este escándalo ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Además, el caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en iniciativas de este tipo, con el fin de evitar que se desvíen recursos destinados a beneficiar a la población más vulnerable. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito municipal y en la provisión de servicios públicos.
A medida que avanza la investigación, se espera que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de todos los involucrados, con el objetivo de restablecer la confianza ciudadana y garantizar una gestión pública transparente y eficiente.
