En un giro inesperado en la discusión sobre la Ley de Fraccionamiento, el Juzgado de Garantía de Valparaíso ha aceptado a trámite una denuncia en contra del subsecretario de Pesca, Julio Salas, por el presunto delito de falsificación de instrumento público.
La denuncia, presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana y representada por el abogado Raimundo Palamara, alega que Salas habría remitido al Congreso «un documento oficial que contenía información falsa respecto de los niveles de captura de merluza común por parte de la empresa PacificBlu, durante el mes de febrero de 2024».
Según el ministro de Economía, Nicolás Grau, el dato presentado por el subsecretario «no correspondía» a la realidad, aunque el ministro le brindó su «completo respaldo» a Salas.
Implicaciones Legales y Éticas
Para el abogado Palamara, la gravedad del caso radica en que «la calidad de la autoridad interviniente, y el uso institucional del documento, resulta verosímil que el denunciado haya incurrido dolosamente en la alteración de la verdad en un documento público, afectando la fe pública y el correcto funcionamiento del sistema democrático».
Los hechos descritos son constitutivos del delito de falsificación de instrumento público, previsto en el artículo 193 del Código Penal, que castiga al que «con falsedad ideológica inserte o haga insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que el documento deba probar».
Impacto en la Discusión de la Ley
Expertos en derecho y política analizan las implicaciones de este caso en la tramitación de la Ley de Fraccionamiento. Algunos consideran que la supuesta falsificación de datos podría haber influido indebidamente en el proceso legislativo, comprometiendo la integridad del debate y la toma de decisiones.
Por otro lado, otros especialistas señalan que, si bien el hecho es grave, se debe esperar el resultado de la investigación judicial para determinar las responsabilidades y el impacto real en la discusión de la ley.
Llamado a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Este caso ha generado un llamado a las autoridades a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos legislativos. Algunos expertos consideran que es fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
En resumen, la denuncia presentada contra el subsecretario Salas por presunta falsificación de datos ha puesto en el centro del debate la importancia de la integridad y la confianza en las instituciones públicas, especialmente en el contexto de la discusión de leyes de alto impacto como la Ley de Fraccionamiento.
