La defensa del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo buscará por tercera vez revocar la medida de prisión preventiva que el congresista cumple en la cárcel de Temuco, región de La Araucanía. Así lo confirmó el abogado defensor, Raúl Pérez Cofre, quien representa al parlamentario.
Pérez Cofre señaló que «por tercera vez se ha solicitado la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre mi representado». Esto contrasta con el caso de la diputada Catalina Pérez, quien solo quedó con arresto domiciliario total luego de ser formalizada por tres delitos de fraude al Fisco en el caso de la Fundación Democracia Viva.
Según el abogado, esta situación «revela una mirada poco coherente de la justicia frente a hechos similares». El Ministerio Público ha presentado acusación en esta arista y está solicitando para el desaforado parlamentario dos penas que suman 19 años de presidio, en una investigación donde se busca precisar el destino de 730 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc.
«Por tercera vez se ha solicitado la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre mi representado» – Raúl Pérez Cofre, abogado defensor.
Antecedentes del Caso
El diputado Mauricio Ojeda Rebolledo fue desaforado en 2024 tras ser acusado de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la transferencia de fondos públicos a fundaciones vinculadas a él. Desde entonces, ha estado cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Temuco.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez también fue formalizada por delitos de fraude al Fisco relacionados con la Fundación Democracia Viva, pero en su caso solo quedó con arresto domiciliario total. Esta diferencia de trato ha sido cuestionada por la defensa de Ojeda, quien considera que refleja una falta de coherencia en la aplicación de la justicia.
Implicaciones y Perspectivas
La solicitud de revisión de la prisión preventiva de Ojeda por tercera vez pone de manifiesto los esfuerzos de su defensa por lograr su liberación. Sin embargo, la gravedad de los cargos en su contra y la solicitud fiscal de 19 años de presidio sugieren que la justicia podría mantener la medida cautelar.
Este caso también plantea interrogantes sobre la imparcialidad y coherencia del sistema judicial al momento de aplicar medidas cautelares en casos de corrupción política. La diferencia de trato entre Ojeda y Pérez, a pesar de la similitud de los delitos, genera cuestionamientos que deberán ser abordados por las autoridades competentes.
En resumen, la defensa del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo continúa buscando revocar su prisión preventiva, mientras que el Ministerio Público mantiene su acusación y solicitud de penas de larga duración. Este caso seguirá siendo objeto de escrutinio público en torno a la equidad y transparencia del sistema de justicia chileno.
