El Congreso se encuentra analizando un proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca reajustar el monto del salario mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio único familiar. El objetivo principal es establecer un salario mínimo de $529.000 para trabajadores entre 18 y 65 años.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se han escuchado posturas encontradas sobre los efectos de este aumento. Por un lado, el director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas (OPES), Ignacio Silva Neira, señaló que el alza salarial tiene impactos en la productividad y la organización interna de las empresas, aunque reconoció que existen otros factores relevantes.
Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó la imparcialidad del expositor y advirtió que no se debe «asfixiar» a las empresas que pagan el salario mínimo, ya que estos costos terminan siendo trasladados a los precios al consumidor. Mellado también argumentó que los aumentos salariales no siempre van de la mano con una mejor productividad.
La directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón, señaló que estas alzas exigen costos laborales que están sobre la capacidad de pago de las Pymes. En este sentido, la iniciativa contempla un subsidio para que las Pymes tengan facilidades para pagar este nuevo salario mínimo, el cual se entregaría cuando la variación en el monto del salario mínimo sea superior a la inflación efectiva del año anterior.
Cabe destacar que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado que, a lo largo de los años, el salario mínimo sea llevado hasta los $578.000 e incluso alcanzar $1.000.000 hacia el 2030.
Independientemente de si se aprueba o se rechaza la actual iniciativa en la Comisión, el proyecto será despachado a la Sala del Congreso, donde los diputados y diputadas deberán debatir el texto y tomar una decisión final.
