La Subsecretaría de Pesca ha admitido que los datos entregados durante la tramitación del proyecto de Ley de Fraccionamiento estaban «desactualizados», en medio de la polémica por los antecedentes falsos que dio el subsecretario Julio Salas. Según explicó el subsecretario de Pesca subrogante, Javier Rivera, la información presentada correspondía a septiembre de 2024, cuando la más reciente era de diciembre del mismo año.
Rivera señaló que «este es una responsabilidad del equipo técnico del gabinete del subsecretario y no corresponde a un dato de los equipos técnicos de la subsecretaría en su conjunto». Insistió en que «hay un dato dentro de toda la tramitación de este proyecto de ley que fue presentado desactualizado y es un error involuntario de parte del Ejecutivo».
Cabe destacar que fue el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, quien reconoció la entrega de datos falsos, lo que generó un intenso debate entre la oposición y el oficialismo. Desde Chile Vamos, incluyendo algunas voces de Socialismo Democrático, como el senador PS Gastón Saavedra, han exigido la renuncia tanto del subsecretario Salas, como del ministro Grau.
Alternativas para Corregir la Situación
Ante esta situación, el Gobierno está buscando alternativas, como pedir una nueva votación en la instancia, pero con los datos corregidos; así como lograr un acuerdo político para rediscutir la repartición de la extracción de la merluza entre pescadores industriales y artesanales.
Transparencia y Responsabilidad
La Subsecretaría de Pesca ha buscado asumir la responsabilidad por este «error involuntario», señalando que corresponde al equipo técnico del gabinete del subsecretario Salas. Sin embargo, la oposición ha exigido consecuencias más contundentes, como la renuncia de los funcionarios involucrados.
Este episodio pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos legislativos, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la regulación de la industria pesquera.
