En un informe revelador, la Contraloría General de la República (CGR) ha sacado a la luz una serie de preocupantes irregularidades en el registro de las vacunaciones contra el COVID-19 realizadas durante 2022 y 2023 por el Ministerio de Salud (Minsal). Estos hallazgos ponen en tela de juicio la transparencia y la eficacia del proceso de inmunización en el país.
Uso de Dosis Vencidas
Uno de los principales problemas detectados por la CGR fue el registro de 18.132 inoculaciones realizadas con vacunas provenientes de 91 lotes o partidas de producción que habían caducado. Esto significa que en algunos casos, la diferencia entre la fecha de vencimiento de la dosis y la fecha de vacunación llegó a ser de hasta 903 días.
Además, se encontraron 37 inoculaciones registradas en los Centros de Salud Familiar de Lo Barnechea y La Florida que habrían sido realizadas con dosis caducadas, al haber transcurrido más de los 70 días posteriores al descongelamiento de los fármacos, que es el límite establecido para su vigencia.
Registros con Datos de Personas Fallecidas
Otro hallazgo preocupante fue el registro de 436 casos de inoculaciones de vacunas COVID-19 con el RUN (Rol Único Nacional) de personas fallecidas. Si bien algunos de estos casos se debieron a errores en el ingreso de datos, otros correspondían a registros de vacunaciones de ciudadanos extranjeros indocumentados, cuya identidad se desconoce.
Inconsistencias en los Registros de Inventario
La CGR también detectó inconsistencias entre los registros de recepción y de ingreso de vacunas en las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud. Según la revisión realizada, las Seremi de Tarapacá, O’Higgins, Maule, de Los Lagos, Aysén y Magallanes ingresaron al sistema de control un total de 341.082 dosis menos que las informadas como recibidas.
Acciones Emprendidas
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha iniciado un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la falta de monitoreo y detección de los registros de vacunación con RUN de personas fallecidas, así como de la falta de verificación y vigilancia en la seguridad de las vacunas y el registro erróneo de inoculaciones con dosis vencidas.
Por su parte, la Subsecretaría de Salud Pública tendrá un plazo de 60 días hábiles para acreditar las correcciones efectuadas en el Registro Nacional de Inmunización, con respecto a los 436 registros realizados con RUN de personas fallecidas.
Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión en el proceso de vacunación contra el COVID-19, a fin de garantizar la integridad y la confiabilidad de los registros, y así asegurar que la población reciba la atención médica adecuada y segura que merece.
