La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó recientemente al Presidente Gabriel Boric un informe con 21 recomendaciones para encontrar una solución al conflicto territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Sin embargo, algunos senadores han cuestionado fuertemente el alto costo que implicaría la implementación de estas propuestas, advirtiendo sobre los riesgos de posibles abusos y especulación.
El senador Fidel Espinoza (PS) criticó que «están pretendiendo decir que para la solución del conflicto mapuche tienen que gastarse millones y millones de dólares, lo cual significaría que tendremos que dejar de construir hospitales, espacios deportivos, caminos rurales, viviendas sociales; eso es prácticamente imposible». Incluso, advirtió que «no vayamos a tener, como resultado de esta comisión, un nuevo Caso Convenios donde algunos se aprovechen, especulen con el precio de las tierras o haya intermediarios que se queden con la plata».
Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) también cuestionó el elevado costo que significará la entrega de tierras, señalando que «son miles y millones de dólares que lo va a tener que financiar el próximo gobierno. En Chile hay prioridades muy importantes; la paz es importante, pero no puede ser a costa de las necesidades de todos los chilenos».
Propuesta de la Comisión para la Paz
La propuesta de la Comisión incluye la creación de un nuevo sistema de tierras que armonice la Ley Indígena, la implementación de una agencia de reparación y un sistema de financiamiento a través de un fondo de 4 mil millones de dólares. Estos lineamientos buscan abordar de manera integral el conflicto territorial, pero han generado preocupación por los posibles riesgos de especulación y desvío de recursos.
Desafíos y Oportunidades
Expertos en la materia analizan que, si bien la propuesta de la Comisión tiene el potencial de generar soluciones duraderas, es fundamental implementar mecanismos de transparencia y control para evitar abusos y garantizar que los recursos se destinen efectivamente a la reparación y desarrollo de las comunidades afectadas.
«Es crucial que el proceso de adquisición de tierras y la distribución de los fondos se realice de manera justa y equitativa, con la participación activa de las comunidades indígenas y bajo una estricta supervisión»
, señala María Fernanda Rodríguez, académica experta en conflictos territoriales.
Asimismo, se destaca la importancia de abordar el conflicto desde una perspectiva integral, que incluya no solo la entrega de tierras, sino también inversiones en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico de las comunidades, de manera de generar un impacto duradero y sostenible.
En definitiva, la propuesta de la Comisión para la Paz representa un desafío complejo, que requerirá de un esfuerzo coordinado y la implementación de salvaguardas para evitar los riesgos señalados por los senadores. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar de manera transparente y eficiente los recursos destinados a la resolución del conflicto territorial.
