Según los resultados de la última Encuesta CEP realizada entre marzo y abril de este año, el 55% de los chilenos considera que los conflictos entre la población local e inmigrantes son ‘muy fuertes’, lo que representa un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación con la medición de septiembre-octubre de 2023.
Estos datos reflejan una creciente preocupación de la ciudadanía respecto a la convivencia entre chilenos y extranjeros, con un 32% adicional que percibe estos conflictos como ‘fuertes’. Solo un 10% los considera ‘no muy fuertes’, mientras que apenas el 1% dice que ‘no hay conflictos’.
Inmigración, una Prioridad para el Gobierno
La encuesta también indagó en las principales áreas que los encuestados consideran que el Gobierno debería priorizar. En este sentido, la inmigración aparece como la séptima materia más urgente, con un 18% de las menciones, manteniéndose en el mismo nivel que en agosto-septiembre de 2024, pero cuatro puntos porcentuales por debajo de junio-julio de ese año.
Los temas que lideran las prioridades son la delincuencia (60%), seguida de salud (34%), educación (27%), pensiones (25%) y narcotráfico (23%). Esto refleja que, si bien la inmigración es una preocupación creciente, aún se ubica por detrás de otros desafíos sociales y de seguridad que demandan mayor atención por parte de las autoridades.
Preocupación por la Presencia de Inmigrantes
Otro aspecto explorado por la encuesta fue el nivel de preocupación de los chilenos respecto a la presencia de inmigrantes en sus barrios. Los resultados muestran que el 44% de los encuestados manifiesta una preocupación de 7 a 10 en una escala de 0 a 10, mientras que un 22% la califica entre 4 y 6 puntos.
Estos datos revelan que casi dos tercios de la población chilena (66%) expresa algún grado de inquietud por la llegada de extranjeros a sus comunidades, lo que se traduce en una creciente tensión y potenciales conflictos en el ámbito local.
En resumen, la Encuesta CEP evidencia que la percepción de los chilenos sobre los conflictos con inmigrantes se ha agudizado en los últimos meses, lo que ha posicionado este tema como una prioridad para el Gobierno, aunque aún por debajo de otras problemáticas sociales y de seguridad.
