En un esfuerzo por abordar la problemática de los narcofunerales, el gobierno de Chile promulgó una nueva ley en diciembre de 2024 que establece medidas estrictas para regular este tipo de eventos. Estos funerales, organizados para rendir homenaje a miembros de bandas criminales, suelen ir acompañados de desórdenes públicos, uso de armas y pirotecnia, generando temor e inseguridad en los barrios donde ocurren.
La ley define un funeral de riesgo como aquel en el que existen circunstancias que permiten presumir fundadamente que su realización representa una amenaza o peligro para la seguridad y el orden público. La calificación de un funeral como de riesgo será responsabilidad del delegado o delegada presidencial regional, quien deberá basarse en un informe técnico elaborado por Carabineros de Chile.
Principales Restricciones y Requisitos
La nueva normativa establece una serie de medidas para limitar estos funerales, entre las que destacan:
- Plazo de 24 horas: El proceso completo, desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación, debe realizarse en un máximo de 24 horas. Esto busca evitar aglomeraciones y actos delictivos prolongados.
- Control de Asistentes: Carabineros tendrá facultades para definir el trayecto del féretro y controlar a los asistentes, impidiendo la participación de personas bajo efectos del alcohol o drogas.
- Prioridad en Trámites: El Registro Civil y el Servicio Médico Legal deberán dar prioridad a los trámites asociados a estos funerales.
Sanciones por Incumplimiento
La ley también endurece las penas por incumplimiento de los plazos y requisitos, incorporando una figura agravada al delito de inhumación ilegal en el Código Penal. En caso de que los responsables no den cumplimiento al proceso, el Estado podrá intervenir y realizar la sepultura como lo hace con personas en situación de calle o que no tengan familiares.
Además, la norma indica que, si se cometen ciertos delitos en el contexto de estos funerales, serán sancionados con la pena más alta. Estos incluyen desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación, saqueos, delitos relacionados con fuegos artificiales o armas blancas.
En resumen, la nueva ley busca frenar la violencia asociada a los narcofunerales, estableciendo un marco regulatorio estricto que limita el tiempo, el control de asistentes y las actividades permitidas en estos eventos. Con sanciones severas por incumplimiento, el gobierno espera reducir el impacto de estas prácticas en la seguridad y el orden público de las comunidades afectadas.
