Después de más de un año en prisión preventiva, el empresario Daniel Sauer ha logrado recuperar su libertad. En el marco de la investigación conocida como el Caso Audio y Factop, Sauer y su hermano Ariel Sauer estaban imputados por presuntos delitos como estafa reiterada, administración desleal, invasión al giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total y arraigo nacional, tanto para Sauer como para María Leonarda Villalobos, otra de las protagonistas del caso. Según el fiscal Felipe Sepúlveda, esta decisión se tomó pese a nuestras argumentaciones en el sentido de que estas cautelares debieran mantenerse por considerar -en nuestro caso- que la libertad de ambos imputados (Sauer y Villalobos) es peligrosa para la seguridad de la sociedad
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Fiscalía Anuncia Apelación
Sepúlveda destacó que, a pesar de la resolución del tribunal, este consideró que los antecedentes presentados por la Fiscalía eran suficientes para acreditar los delitos por los cuales están formalizados los imputados. En este sentido, el fiscal anunció que apelarán la decisión para que tanto Sauer como Villalobos vuelvan a la cárcel a cumplir prisión preventiva.
Sin perjuicio de lo resuelto por el tribunal, destaco que en su resolución consideró que los antecedentes que tenía la Fiscalía eran suficientes para acreditar los delitos por los cuales están formalizados
, complementó Sepúlveda.
Antecedentes del Caso
El Caso Audio y Factop se remonta a abril de 2024, cuando Sauer y Villalobos fueron detenidos y enviados a prisión preventiva. La investigación se centra en presuntas irregularidades financieras y delitos relacionados con el mercado de valores y el sistema tributario. Tras más de un año de reclusión, Sauer y Villalobos han logrado obtener una medida cautelar menos gravosa, aunque la Fiscalía busca revertir esta decisión.
El desenlace de este caso seguirá siendo objeto de atención pública, ya que involucra a destacados empresarios y plantea interrogantes sobre la aplicación de la justicia y la protección de los derechos de los imputados.