La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales, ha anunciado que presentarán un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de poder acusar a los directores de Presupuestos ante el Congreso. Esta iniciativa surge tras las críticas a la gestión de la actual directora, Javiera Martínez, y el oficio presentado a la Contraloría General de la República (CGR) por presunto incumplimiento de su mandato legal.
Según los parlamentarios de RN, la reforma busca modificar el artículo 52 de la Constitución Política para permitir que la Cámara Baja pueda presentar una acusación constitucional contra los directores de Presupuestos por «comprometer gravemente la sostenibilidad fiscal o incurrir en delitos como malversación de fondos públicos, soborno o concusión». Esto, argumentan, es necesario ante jefes de Estado que se niegan a remover a funcionarios de confianza a pesar de las «evidencias graves y un juicio lapidario de la opinión pública».
El jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, resalta el rol esencial que cumple el director de Presupuestos, incluso por encima de ministros y delegados presidenciales. Por ello, considera que frente a una «lealtad mal comprendida del Presidente», el Congreso debe tener la posibilidad de activar su salida cuando se pone en peligro la sostenibilidad de la política fiscal.
Por su parte, la diputada Carla Morales afirma que al Presidente Gabriel Boric «parece no interesarle» el prestigio de Chile, y recuerda que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó a Martínez como «la mejor directora de la historia». Ante esto, Morales considera que el Congreso necesita herramientas dentro de la institucionalidad para hacer frente a casos de «evidente ceguera» como este.
La reforma constitucional propuesta por RN busca, en esencia, fortalecer el rol fiscalizador del Congreso y establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos para los directores de Presupuestos. Esto, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar posibles abusos o negligencias en el manejo de los recursos públicos.
Sin embargo, la iniciativa también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la independencia técnica de la Dirección de Presupuestos. ¿Será esta la solución para asegurar una gestión responsable y transparente de las finanzas públicas, o podría derivar en un exceso de politización del cargo? El debate en torno a esta reforma constitucional sin duda seguirá generando discusión en los próximos meses.
