La tranquila comunidad del Valle de Colliguay, en la región de Valparaíso, se ha visto sacudida por una intensa controversia en torno a un proyecto minero que amenaza con alterar el delicado equilibrio ecológico de la zona. Los residentes locales han alzado su voz en protestas pacíficas para denunciar lo que consideran irregularidades en el proceso de evaluación ambiental y el incumplimiento de las coordenadas establecidas para la ejecución del proyecto.
Acusaciones de Irregularidades en el Proceso
Según Nathaly Rojas, presidenta de la Agrupación Comité Medioambiental Valle de Colliguay, existen graves acusaciones que ponen en duda la legalidad de los permisos otorgados al proyecto minero La Carmelita. Rojas afirma que un ingeniero de la Seremi de Minería y una funcionaria del Servicio Nacional de Geología y Minería habrían incurrido en faltas graves durante el proceso de evaluación ambiental.
Preocupación por Daños Ambientales
Aún más preocupante es la denuncia de que el proyecto se estaría desarrollando a aproximadamente 200 metros fuera de las coordenadas establecidas en la autorización. Esta situación eleva aún más las inquietudes de los habitantes del Valle de Colliguay, quienes temen por los posibles daños a la flora y fauna de la región, así como para su propia comunidad.
Recursos Legales en Marcha
En respuesta a estas acusaciones, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, ha confirmado que se han elevado los recursos correspondientes ante las instancias competentes. Esto indica que la comunidad está dispuesta a agotar todas las vías legales para detener un proyecto que, según ellos, representa una amenaza para el delicado ecosistema del Valle de Colliguay.
Llamado a la Responsabilidad Ambiental
La lucha de los habitantes del Valle de Colliguay es un claro llamado a la responsabilidad ambiental y a la necesidad de garantizar que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo de manera sostenible y respetuosa con el entorno. Esta controversia pone de manifiesto la importancia de una evaluación ambiental rigurosa y transparente, así como el derecho de las comunidades a ser escuchadas y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan su entorno.
A medida que la sociedad avanza hacia un futuro más sostenible, casos como este resaltan la necesidad de encontrar un equilibrio entre el progreso económico y la preservación del medio ambiente. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones más allá del Valle de Colliguay, sentando un precedente sobre cómo se deben abordar los desafíos ambientales en el país.
