La región de La Araucanía ha sido testigo de un conflicto prolongado en torno al Fundo Pidenco, ubicado en la comuna de Lumaco. Durante más de una década, comunidades adherentes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) han mantenido la ocupación de esta propiedad, perteneciente a la empresa forestal Arauco.
La situación se ha agravado recientemente, cuando intentos por exhumar los restos del exintegrante de la CAM, Pablo Marchant, fueron frustrados por disparos de desconocidos, obligando a suspender las diligencias que involucraron a 250 efectivos de Carabineros, la PDI y el Ejército.
Llamado al Desalojo
Ante esta situación, parlamentarios y gremios productivos han planteado la necesidad de desalojar el Fundo Pidenco. La directora ejecutiva de la Multigremial de La Araucanía, Claudia Lillo, señaló que lo principal es que las personas puedan circular con libertad y que no corresponde que los privados se preocupen por la seguridad.
Por su parte, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto, solicitó el apoyo de las autoridades para recuperar la zona y restablecer el Estado de Derecho.
Posición del Delegado Presidencial
Sin embargo, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, señaló que no tiene las atribuciones para llevar a cabo una acción de desalojo. Según Abdala, es la empresa Forestal Arauco quien debe iniciar el proceso legal para recuperar el Fundo Pidenco, algo que aún no ha ocurrido.
Abdala también comentó que, en el segundo intento por exhumar los restos de Pablo Marchant, se logró llegar al punto donde estarían enterrados, pero se decidió no continuar por razones de seguridad.
Implicaciones Legales
De acuerdo a lo señalado por Arauco, en el caso del Fundo Pidenco no aplica la nueva ley de usurpaciones, ya que el delito se registró antes de la entrada en vigencia de la norma en noviembre del 2023. Esto significa que la empresa debe seguir un proceso legal diferente para recuperar la propiedad.
La situación en el Fundo Pidenco ha generado preocupación en la región, con gremios y autoridades exigiendo una solución que restablezca el Estado de Derecho. Sin embargo, el camino legal parece ser la única vía para que Forestal Arauco pueda recuperar el control de su propiedad.
