Jeannette Jara, candidata presidencial del Partido Comunista (PC), se ha pronunciado sobre el ataque incendiario ocurrido en la región del Bío Bío, donde encapuchados quemaron más de 50 vehículos en la construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue. Jara evitó calificar el hecho como un delito terrorista, enfatizando que corresponde al Poder Judicial determinar la tipificación del delito.
«Desconozco los antecedentes del tipo penal que se está persiguiendo y creo que eso es parte del desarrollo del proceso judicial»
, respondió Jara en una entrevista con ADN. La candidata presidencial señaló que los delitos los persigue el Poder Judicial y que se sujetará al resultado de la investigación, respetando la división de poderes.
Estado de Excepción y Necesidad de Diálogo
Jara reconoció la vigencia del estado de excepción en la Macrozona Sur, especialmente para enfrentar este tipo de hechos de violencia. Sin embargo, advirtió que lo excepcional no puede constituirse en la regla general, y que es necesario cambiar las formas de la relación con las Fuerzas Armadas.
«Yo creo que el estado de excepción ha dado resultado, este último atentado gravísimo y muy condenable hace que se revalúe la posibilidad de desescalonarlo»
, señaló Jara. Pero también reconoció que lo excepcional no puede convertirse en la norma, y que es necesario un diálogo para modificar la relación con las Fuerzas Armadas.
Enfoque Jurídico y Necesidad de Diálogo
La posición de Jara se centra en un enfoque jurídico, evitando calificar el hecho como terrorista y dejando que sea el Poder Judicial quien determine la tipificación del delito. Al mismo tiempo, reconoce la importancia del estado de excepción, pero advierte sobre la necesidad de un cambio en la relación con las Fuerzas Armadas, lo que implica un diálogo y una transición hacia una solución más permanente y sostenible.
La candidata presidencial del PC busca mantener una postura equilibrada, respetando la división de poderes y la labor del sistema judicial, pero también reconociendo la necesidad de abordar las raíces del conflicto a través de un proceso de diálogo y transformación de las relaciones entre el Estado y las comunidades afectadas.
