Los diputados de la UDI han reiterado su intención de acudir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre una posible infracción cometida por el presidente Gabriel Boric. Según ellos, el mandatario habría vulnerado los principios de apoliticidad y probidad administrativa al responder a las declaraciones de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre el golpe de Estado y la dictadura militar.
Inicialmente, Boric publicó en su cuenta de X que «nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas o el exilio» durante cualquier período. Posteriormente, compartió una entrevista de 1999 en la que Matthei expresaba opiniones similares a las que había hecho recientemente.
Ante esta situación, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, anunció que solicitarán la intervención del ente fiscalizador, ya que consideran que el presidente debe mantener imparcialidad política y abstenerse de emitir opiniones durante su jornada laboral.
¿Tiene Viabilidad la Denuncia ante Contraloría?
Según el abogado y experto en derecho administrativo, William García, si bien la Contraloría puede revisar eventuales incumplimientos a principios como la apoliticidad, no existe una prohibición legal que impida al presidente intervenir en el debate político. En la misma línea, el abogado Gustavo Alarcón del Pino indicó que, aunque la UDI podría fundar su requerimiento en la Ley 18.575 sobre probidad administrativa, es poco probable que prospere, ya que las publicaciones se realizaron en redes sociales y el mandatario no está sujeto al estatuto administrativo como el resto de los funcionarios públicos.
Pronóstico de los Expertos
Los especialistas consultados pronostican que la Contraloría emitirá declaraciones generales sobre el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, pero sin atribuir responsabilidades específicas en este caso. En otras palabras, la denuncia de los diputados de la UDI enfrentaría serias dificultades para prosperar.
Este episodio evidencia la tensión entre la libertad de expresión del presidente y los principios de apoliticidad y probidad administrativa que rigen a los funcionarios públicos. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones importantes para el ejercicio del poder ejecutivo y el debate político en Chile.
