La Cámara de Diputadas y Diputados ha despachado al Senado un proyecto de ley que busca poner fin a la práctica de que los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, corrupción, terrorismo y asociación delictiva reciban sus honorarios en efectivo. La nueva normativa obliga a estos profesionales a recibir sus pagos a través de métodos trazables, como cheques, transferencias electrónicas u otros medios que permitan verificar el origen lícito de los fondos.
Trazabilidad de los Pagos a Abogados
Según el proyecto, los abogados deberán acreditar ante el tribunal el pago recibido al concluir, renunciar o abandonar una defensa. Esta obligación se aplica incluso si los honorarios se perciben como persona natural, sociedad o empresa. La iniciativa también incorpora a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de recibir información sobre estos pagos, lo que permitirá un mayor control y seguimiento.
Evitar el Lavado de Activos y la Corrupción
El diputado Jaime Araya, uno de los impulsores del proyecto, explicó que la medida busca impedir que «el producto de la venta de drogas se financie el pago de millonarios honorarios en billetes a los abogados que los defienden; o peor aún, cuando alguien le roba al Estado, con ese mismo dinero puede financiar su defensa». De esta manera, se apunta a cortar el flujo de dinero ilegal hacia la defensa legal de los acusados, dificultando el lavado de activos y la corrupción.
Sanciones por Incumplimiento
Los abogados que no cumplan con estas exigencias enfrentarán suspensiones de seis meses a un año. Sin embargo, la norma excluye a los defensores de la Defensoría Penal Pública, quienes quedarían exentos de esta obligación.
Debate y Perspectivas
Durante el debate, legisladores de distintos sectores respaldaron el proyecto, subrayando la urgencia de cerrar espacios a la corrupción y al crimen organizado. No obstante, algunos críticos argumentaron que los imputados «encontrarán otra forma de pagar y eludir esta obligación» y lamentaron que no se levante el secreto bancario para fortalecer el seguimiento de fondos ilícitos.
En resumen, este proyecto de ley representa un esfuerzo por limitar el flujo de dinero ilegal hacia la defensa legal de acusados por delitos graves, buscando cortar de raíz una de las vías de financiamiento del crimen organizado y la corrupción.
