Mahmoud Khalil, un activista pro-palestino de 30 años, se encuentra en riesgo de ser deportado de Estados Unidos después de haber liderado protestas en la Universidad de Columbia en 2024 contra la guerra en Gaza. Una jueza federal en Luisiana determinó que el gobierno de Donald Trump puede continuar con el proceso de expulsión de Khalil, a pesar de que este tiene una esposa estadounidense y un hijo en camino.
La jueza Jamee Comans indicó que no tiene autoridad para cuestionar la decisión del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien solicitó la deportación de Khalil alegando su «conducta antisemita» durante las protestas. Según Rubio, permitir que Khalil permanezca en el país «socavaría gravemente un importante objetivo de política exterior» de Estados Unidos.
«Lo que presenciamos hoy no es ninguno de estos principios que estaban presentes hoy ni en todo este proceso», expresó Khalil, haciendo referencia a la falta de debido proceso en su caso. El activista, que residía en Estados Unidos como refugiado palestino antes de obtener la residencia permanente, advirtió que espera que la «urgencia» con la que se está tratando su caso se extienda a «cientos de personas que llevan meses aquí sin una audiencia».
Libertades civiles en riesgo
Diversas organizaciones han denunciado que el caso de Khalil representa un ataque a las libertades públicas, el derecho al disenso y la libertad de expresión. Según expertos, el gobierno de Trump está utilizando las herramientas migratorias (como la revocación de la residencia permanente) para silenciar a activistas y manifestantes que critican la política exterior estadounidense.
«Ya somos un régimen fascista»: experto habla de incipiente «dictadura» en EE. UU. bajo el gobierno de Trump, advirtió un analista en un artículo publicado en 2025.
Precedente preocupante
El caso de Mahmoud Khalil se suma a una serie de incidentes en los que el gobierno de Trump ha tomado medidas drásticas contra estudiantes extranjeros y activistas, como la revocación de visas y los «secuestros» de manifestantes por parte de agentes federales. Estos hechos han generado gran preocupación entre defensores de los derechos civiles, quienes temen que se esté consolidando un patrón de represión contra la disidencia política.
A pesar de los esfuerzos de los abogados de Khalil por evitar su deportación, la jueza Comans ha dado un plazo hasta el 23 de abril para que presenten un recurso. De no hacerlo, ordenará su expulsión a Siria o Argelia, los países de los que también tiene nacionalidad.
