Isabel Allende, la reconocida senadora, se despidió entre lágrimas de la Sala del Senado, luego de ser destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional. En un emotivo discurso, Allende agradeció la oportunidad de servir a su país durante más de 30 años y expresó su profundo dolor por la «manera abrupta» en que terminó su trayectoria parlamentaria.
Allende manifestó que, si bien acatará el fallo del Tribunal Constitucional, no significa que deba «guardar silencio» o «renunciar a expresar el profundo dolor que esta decisión representa». Según la senadora, el fallo vulnera «principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático».
La parlamentaria reconoció que, como legisladora con larga trayectoria, debió haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. Sin embargo, enfatizó que «jamás» ha tenido contrato alguno con el Estado y que «no tiene y nunca ha tenido una empresa». Allende aseguró que actuó «confiando en la institucionalidad» y en los órganos encargados de la adquisición de la casa familiar, donde funcionaría un museo en honor a su padre, el expresidente Salvador Allende.
«Mi trayectoria habla por sí sola y esa trayectoria, que me permito calificar como honesta y transparente, es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte»
, manifestó la senadora.
Una Decisión «Injusta» y «Abrupta»
Allende lamentó que el Tribunal Constitucional no haya considerado los mejores argumentos de su defensa y calificó la situación como «una enorme injusticia». Reiteró que nunca ha usado su cargo para obtener «beneficio personal» y que ha sido parte de la «construcción de acuerdos», no de la «farándula política».
La senadora agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas de su equipo y de diversos sectores políticos, incluidas exautoridades. Finalmente, afirmó que enfrenta esta sanción «con dolor, pero también con la tranquilidad que da la consciencia limpia».
El Contexto de la Destitución
La destitución de Isabel Allende se produjo en el contexto de la fallida compra-venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Durante la investigación de la comisión correspondiente, se reconoció que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) conocía la inhabilidad que existía en la celebración de dicha transacción, que involucraba a Allende y a la exministra Maya Fernández.
Pese a este antecedente, la senadora mantuvo que «en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada» les advirtió sobre la posible inhabilidad constitucional.
