El reciente fallo del Tribunal Constitucional que cesó en su cargo a la senadora Isabel Allende (PS) por firmar un contrato con el Estado para vender la casa de su padre ha desatado una ola de cuestionamientos y revelaciones que podrían afectar a más parlamentarios. Según un análisis realizado por The Clinic, diversos legisladores de distintos sectores políticos habrían participado en negocios y acuerdos con entidades gubernamentales, lo que pondría en riesgo sus escaños.
Parlamentarios Involucrados en Tratos con el Estado
Entre los nombres mencionados se encuentra el senador Juan Castro Prieto (PSC), quien habría participado en una red de sociedades que incluyen a la Constructora Indemma, la cual habría obtenido más de $3.000 millones en contratos con organismos públicos. Otro caso es el del senador Fidel Espinoza (PS), quien hasta 2018 figuraba como socio de la empresa Difusora Fresia Limitada, que recibió $14 millones de municipalidades de la región de Los Lagos. Si bien Espinoza afirma que se retiró en 2005 por un error de inscripción, su participación podría ser analizada por el Tribunal Constitucional.
Además, se menciona al precandidato presidencial Jaime Mulet (FRVS), quien dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir como diputado. Esta firma habría obtenido cerca de $2 millones en beneficios de municipalidades y servicios públicos por la explotación de una radio en Vallenar. Si bien Mulet se retiró, su esposa Flavia Torrealba quedó como contralora, lo que también podría ser objeto de escrutinio.
El Caso de Ximena Ossandón y Luciano Cruz-Coke
Otro nombre que aparece en la lista es el de la diputada Ximena Ossandón (RN), quien está en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, empresa que habría recibido más de $28.000 millones desde la Tesorería General de la República y Corfo desde que la parlamentaria es socia. Asimismo, la empresa que tiene con su marido, Asesorías Paul y Cía. Limitada, firmó un contrato de cerca de $9 millones con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en 2010 para prestar asesorías.
Finalmente, se menciona el caso del diputado Luciano Cruz-Coke (EVO), quien arrendaba una casa a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, en un trato que comenzó en 2015, antes de asumir como parlamentario.
El Impacto en el Tribunal Constitucional
Según lo conversado por The Clinic con ministros del Tribunal Constitucional, existen dos posibles escenarios ante estas revelaciones. Por un lado, el fallo contra Allende podría provocar una serie de requerimientos que deriven en más destituciones en el Congreso. Por otro lado, existe la posibilidad de que se eche pie atrás a la destitución de Allende, ya que esta aún no ha sido publicada oficialmente por el TC y solo se conoció gracias a filtraciones de prensa.
Sea como sea, la decisión del Tribunal Constitucional marcará un precedente importante en materia judicial, pudiendo afectar a más parlamentarios de diversos sectores de la política.
