Cristián Araya, jefe de Bancada de Diputados del Partido Republicano, ha solicitado a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad de los nombramientos de seremis en el recién creado Ministerio de Seguridad Pública. Según el parlamentario, estos cargos, que comenzaron a operar el 1 de abril, han sido ocupados por personas sin la experiencia exigida por la ley, lo que apunta a «la instalación de operadores políticos de parte del gobierno en desmedro de la seguridad de los chilenos».
Araya recuerda que durante la discusión de la creación del ministerio, advirtió a la entonces ministra Carolina Tohá que «el perfil de los seremis terminaría siendo político y que había que evitar la designación de militantes, amigos, compañeros, pololas y un montón de otras razones por las cuales se nombran autoridades». Lamentablemente, afirma, «hoy esto es una realidad».
Cuestionamientos a la Falta de Experiencia
Según Araya, al menos tres de los designados no cumplen con los requisitos de la ley, que exige una experiencia mínima de seis años de título profesional y tres años en cargos vinculados a seguridad. En su lugar, «se han nombrado personas con menos de seis años de título profesional y menos de tres años en cargos vinculados, simplemente porque fueron seremis en la cartera de Justicia».
El diputado critica duramente al actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, asegurando que «no conforme con eso, el ministro Luis Cordero, quien tampoco tiene expertiz en Seguridad, hizo las designaciones de seremis que tampoco cumplen con los requisitos de experiencia exigidos por la ley, vulnerando la promesa de profesionalizar la seguridad y entregándola, una vez más, a la lógica de la ‘confianza política’, que no es más que una repartija de cargos».
Solicitud a Contraloría
Araya ha solicitado a la Contraloría que se pronuncie sobre la validez de estos nombramientos y que determine si se está cumpliendo o no con la legalidad vigente. En sus palabras, «no permitiremos que el gobierno haga de la seguridad su botín político».
La designación de seremis sin la experiencia requerida en un ministerio tan crucial como el de Seguridad Pública ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la profesionalización y despolitización de este sector, que el gobierno se había comprometido a impulsar. La intervención de la Contraloría será clave para determinar si estos nombramientos se ajustan a la ley o si, como denuncia el diputado Araya, se trata de una «repartija de cargos» con fines políticos.
