La oposición política en Chile ha levantado serias preocupaciones en torno a los recientes nombramientos de seremis (secretarios regionales ministeriales) de Seguridad Pública. Los diputados Henry Leal (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano) han anunciado que acudirán a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión de estos nombramientos, alegando que no cumplen con los requisitos establecidos por ley.
Según la normativa que creó el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, los seremis deben contar con «a lo menos, tres años de experiencia profesional en materias de seguridad, prevención del delito u otras afines, o seis años de experiencia profesional». Sin embargo, los legisladores afirman que en algunas regiones se han designado a personas que no cumplen con estos criterios, como es el caso de «una periodista» en La Araucanía que, según Leal, «de seguridad no tiene ningún conocimiento».
«No puede haber una vulneración al espíritu y la letra de la ley», aseguró Leal, quien junto a Araya han solicitado al ministro Cordero que proporcione los nombres, currículums y competencias de los seremis nombrados.
Acciones de la Oposición
Desde el Partido Republicano, Cristián Araya anunció que ingresarán «un requerimiento de Contraloría frente a los nuevos nombramientos en el Ministerio de Seguridad», argumentando que «claramente no cumplen con los requisitos» y que no permitirán «dar favores políticos a poner gente capaz en materia de seguridad».
Por su parte, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ya había oficiado previamente al ministro Cordero por el nombramiento del seremi de Seguridad en la Región Metropolitana, Jaime Fuentes, quien habría defendido públicamente a condenados por delitos durante el estallido social, calificándolos como «presos políticos».
Llamado a la Transparencia
Los legisladores de oposición han hecho un llamado al Gobierno a garantizar la transparencia en estos nombramientos y a asegurar que las personas designadas cuenten con las competencias y experiencia necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones en materia de seguridad pública. Consideran que es fundamental que se cumpla con la ley y que se priorice la capacidad técnica por sobre los intereses políticos.
La presentación de estos requerimientos ante la Contraloría General de la República busca obtener respuestas concretas sobre los perfiles de los seremis nombrados y verificar si se han respetado los requisitos legales establecidos. La oposición ha dejado en claro que no permitirá que se vulnere «el espíritu y la letra de la ley» en un ámbito tan crucial como la seguridad de los ciudadanos.
