Dos diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Henry Leal y Eduardo Cornejo, han presentado un proyecto de ley que busca autorizar la instalación de detectores de metales en los accesos de establecimientos educacionales y recintos asistenciales. Según los legisladores, el objetivo es prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos que puedan poner en riesgo a las comunidades educativas, pacientes y funcionarios.
La iniciativa surge luego de un reciente incidente en La Calera, región de Valparaíso, donde un estudiante de 17 años fue baleado mientras se dirigía a su liceo. Los diputados argumentan que el país está atravesando una grave crisis de seguridad, con un aumento de la violencia escolar en los últimos años, lo que justificaría la implementación de medidas más estrictas.
Implementación Previa y Reacciones Esperadas
Los parlamentarios señalan que esta medida ya se ha implementado este año en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón (Insuco) de Temuco y en 2022 en el Colegio Salesianos de Valparaíso. Aseguran que la gran mayoría de padres, apoderados, estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y pacientes estarán de acuerdo con la instalación de los detectores de metales, ya que entenderán que es una medida para proteger su integridad física y recuperar la seguridad en estos espacios.
Debate sobre Derechos y Efectividad
Sin embargo, los diputados reconocen que la presencia de estos dispositivos puede ser chocante e invasiva, especialmente para los alumnos y menores de edad. Esto plantea un debate sobre hasta qué punto se pueden restringir ciertos derechos y libertades individuales en aras de la seguridad colectiva.
Algunos expertos cuestionan la efectividad de los detectores de metales, argumentando que pueden ser fácilmente eludidos y que no abordan las raíces del problema de la violencia. Además, señalan que estas medidas podrían generar estigmatización y discriminación hacia los estudiantes y pacientes.
Hacia una Solución Integral
En lugar de enfocar únicamente en medidas de seguridad física, algunos especialistas sugieren que se debe trabajar en programas de prevención de la violencia, mejoras en la salud mental y fortalecimiento de la convivencia escolar. Estas estrategias integrales podrían ser más efectivas a largo plazo para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
En definitiva, la propuesta de los diputados UDI genera un debate sobre los límites entre la seguridad y los derechos individuales. Será importante que se consideren todas las perspectivas y se busquen soluciones equilibradas que protejan a la población sin restringir excesivamente sus libertades.
