Weichán Auka Mapu, una organización radical mapuche, enfrenta severas consecuencias legales por el asesinato de un comunero en la comuna de Carahue. El Ministerio Público está solicitando penas que van desde los 12 hasta los 24 años de prisión para ocho de sus miembros, acusados de ser los responsables del homicidio de Manuel Huenupil Antineo en mayo de 2022.
Según la acusación presentada por el fiscal Felipe González, el crimen ocurrió cuando la víctima y sus dos hijos intentaban huir en su camioneta de un grupo armado que se identificó como parte de Weichán Auka Mapu. Los imputados, algunos con el rostro descubierto y otros encapuchados, llegaron al lugar portando diversas armas de fuego y comenzaron a intimidar y disparar contra Huenupil Antineo y sus acompañantes.
A pesar de los esfuerzos de la víctima por escapar, uno de los disparos impactó directamente en la camioneta, atravesando el asiento del conductor e hiriendo de muerte a Huenupil Antineo. La investigación logró establecer la participación de aproximadamente 20 personas en este violento suceso, por lo que aún hay 10 órdenes de detención pendientes.
Penas Severas y Operativo Policial
El fiscal González detalló que, en esta acusación, se están solicitando condenas que van desde los 12 hasta los 24 años de prisión para los ocho detenidos. Los cargos incluyen homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de armas y munición.
Cabe destacar que, en septiembre del año pasado, uno de los imputados en este caso fue abatido en un enfrentamiento con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo en la región del Bío Bío. La audiencia de preparación del juicio oral en este caso está programada para el 16 de abril en el Juzgado de Garantía de Carahue.
Impacto y Reacción de la Comunidad
El asesinato de Manuel Huenupil Antineo ha generado una profunda conmoción y rechazo en la comunidad mapuche y en la sociedad en general. Este crimen se suma a una larga lista de actos de violencia y confrontación que han marcado el conflicto entre el Estado y los pueblos originarios en la región.
Estos hechos demuestran la urgente necesidad de encontrar soluciones dialogadas y pacíficas que permitan abordar las legítimas demandas de los pueblos indígenas, sin recurrir a la violencia que solo genera más dolor y división, señaló un líder comunitario en la zona.
Las autoridades y la ciudadanía esperan que este juicio y las severas condenas solicitadas envíen un mensaje claro de que no se tolerará la violencia y que la justicia actuará con firmeza para proteger a la población y preservar el Estado de Derecho.
