Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República ha puesto en tela de juicio los procedimientos utilizados por la Presidencia de la República durante el reciente viaje del Presidente Gabriel Boric a la región de Magallanes. Según los abogados Raimundo Palamara y John Reid, la Presidencia habría fragmentado los pagos a un mismo proveedor hotelero con el fin de evadir la obligación de realizar una licitación pública, tal como lo establece la Ley de Compras Públicas.
De acuerdo a la denuncia, la Presidencia realizó tres compras distintas al hotel Hoteles Australis Limitada durante la visita presidencial a Punta Arenas, las cuales en su conjunto superaron las 180 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), monto que excede ampliamente el límite de 100 UTM establecido por la ley para poder contratar mediante el mecanismo de trato directo.
Presunta Fragmentación de Compras
Según la denuncia, la Presidencia habría fragmentado las compras con el objetivo de eludir la obligación de realizar una licitación pública, vulnerando así lo establecido en el artículo 71 número 7, letra b) del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas. Los abogados denunciantes exigen que se investigue y sancione esta presunta irregularidad, solicitando que se especifiquen las razones y sanciones que correspondan por fragmentar la compra que corresponde de un mismo organismo a favor de un mismo proveedor en una misma época y por servicios iguales o al menos similares
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Cuestionamiento a Resoluciones Exentas
Adicionalmente, la denuncia cuestiona las resoluciones exentas publicadas en el portal de Mercado Público, las cuales fueron suscritas por Antonia Illanes Riquelme, directora administrativa de la Dirección Administrativa del Gobierno de Chile. Los denunciantes consideran que estas resoluciones exentas no justifican adecuadamente la fragmentación de las compras y la elusión de la licitación obligatoria.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la normativa en materia de contrataciones públicas, especialmente cuando se trata de gastos relacionados con viajes y actividades del más alto nivel del Gobierno. La Contraloría deberá investigar a fondo estas presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
