La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, quien detalló las acciones y medidas adoptadas por el organismo en respuesta a los extensos cortes de energía eléctrica que afectaron al país en febrero. En su exposición, Herrera justificó la demanda colectiva presentada contra las compañías de transmisión eléctrica Isa InterChile y Transelec, a pesar de que los consumidores mantienen relaciones contractuales con las distribuidoras y no directamente con las empresas de transmisión.
Según Herrera, esta acción legal se fundamenta en la «responsabilidad extracontractual» de las empresas transmisoras, basándose en documentos proporcionados por el Coordinador Eléctrico Nacional. «Esta ofensiva legal tomó en cuenta el informe del Coordinador Eléctrico que la semana pasada responsabilizó especialmente a estas dos empresas por el corte de suministro y la demora en su reposición», explicó el director del Sernac.
Protegiendo a los Consumidores Afectados
La diputada socialista Daniella Ciccardini, integrante de la comisión, valoró que la responsabilidad de las empresas distribuidoras también está siendo examinada, ya que «tienen mucho que decir y mucho que resolver» en relación al servicio prestado a los consumidores. Sin embargo, el Sernac ha decidido centrar su acción legal en las compañías de transmisión, buscando las más altas multas posibles para proteger a los usuarios afectados por el megacorte.
Investigación en Curso
Además, el Sernac se encuentra a la espera de los resultados de la investigación que está realizando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con el objetivo de obtener más información y evidencia que respalde su demanda colectiva. «Esta ofensiva legal tomó en cuenta el informe del Coordinador Eléctrico que la semana pasada responsabilizó especialmente a estas dos empresas por el corte de suministro y la demora en su reposición», reiteró Herrera.
En resumen, el Sernac ha adoptado una postura firme para proteger los derechos de los consumidores afectados por el megacorte de energía eléctrica, centrando su acción legal en las empresas de transmisión eléctrica, a pesar de que los usuarios mantienen relaciones contractuales con las distribuidoras. La demanda colectiva busca obtener las máximas sanciones posibles, mientras se espera la conclusión de la investigación de la SEC.
