La investigación del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha sido objeto de una arremetida legal por parte de un grupo de diputados oficialistas. Estos parlamentarios, pertenecientes a partidos como el Partido Comunista, Frente Amplio, Acción Humanista y el Partido Socialista, han ingresado una solicitud de remoción en contra de Cooper ante la Corte Suprema.
La solicitud, de 47 páginas, acusa al fiscal Cooper de graves irregularidades en las diligencias que involucran a la diputada comunista Karol Cariola. Los legisladores alegan que el allanamiento realizado en la vivienda de Cariola, el mismo día de su parto, fue desproporcionado y carente de sensibilidad. Además, señalan que el informe que sustentó la solicitud de allanamiento contenía consideraciones erróneas y omisiones graves.
Otro punto de controversia es la filtración de información reservada durante la investigación, lo que, según los diputados, habría afectado la privacidad de las involucradas. Asimismo, cuestionan que no se hayan considerado las normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el Convenio de Belém y los acuerdos de la Convención sobre Derechos del Niño.
Reacciones y Debate Jurídico
La solicitud de remoción ha generado reacciones encontradas. La oposición ha criticado la presión e injerencia indebida de los parlamentarios oficialistas en las determinaciones de otro poder del Estado, como el Ministerio Público. Por su parte, el diputado y jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, ha cuestionado el sustento práctico de la solicitud, argumentando que los conceptos acusados son más bien de carácter político que jurídico.
En este contexto, el abogado y académico Felipe Lizama ha señalado que las críticas al fiscal Cooper se basan en una disconformidad con decisiones legales, y no necesariamente en negligencias. Lizama también ha resaltado que la autonomía del Ministerio Público está garantizada por la Constitución, por lo que las acciones que buscan limitar esa autonomía pueden ir en contra de la separación de poderes y poner en riesgo la operatividad de esta división.
Próximos Pasos y Desafíos
Ahora, corresponde a la Corte Suprema revisar la admisibilidad de la solicitud de remoción presentada por los diputados. Para ello, deberá reunirse la mayoría de sus miembros en ejercicio y determinar si existen los fundamentos jurídicos necesarios para proceder con la remoción del fiscal Cooper.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los fiscales en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando sus investigaciones involucran a figuras políticas prominentes. La resolución de la Corte Suprema será clave para definir los límites de la autonomía del Ministerio Público y el equilibrio entre los poderes del Estado.
