Dina Boluarte, la presidenta de Perú, ha declarado que está considerando seriamente la implementación de la pena de muerte como una medida para combatir la ola de violencia que azota al país. Durante la inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, Boluarte calificó a los criminales de «malditos asesinos» y afirmó que ningún sicario podrá «manchar de sangre» a las familias peruanas.
La mandataria advirtió que el Gobierno no permitirá «una muerte más» y reiteró que contempla la ejecución de delincuentes (pena capital) para estos casos. «A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte porque no vamos a permitir un muerto más, de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja», apuntó Boluarte.
Esta no es la primera vez que la presidenta aborda la idea de aplicar la pena de muerte. En diciembre del año pasado, Boluarte ya había expresado su intención de implementarla para los violadores de menores, tras condenar el asesinato de una niña de 12 años en Lima que conmocionó a la opinión pública.
Respaldo del Ministro de Educación y Moción de Censura
Por su parte, el ministro de Educación peruano, Morgan Quero, respaldó a su par, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante el pedido de censura de parlamentarios. Quero afirmó que la situación actual se asemeja al «terrorismo urbano» y que la violencia debe ser combatida no solo por el Gobierno, sino también desde el Congreso y la ciudadanía.
Desafíos Legales y Contexto de Seguridad
Cabe mencionar que, para aplicar la pena de muerte en Perú, el país tendría que desvincularse del Pacto de San José de Costa Rica, al que se encuentra adherido. Esto representa un desafío legal que el Gobierno deberá abordar si decide implementar esta medida extrema.
La ola de violencia que azota a Perú ha llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia y desplegar a las Fuerzas Armadas en Lima, en un esfuerzo por restablecer la seguridad y proteger a la población.
La presidenta Dina Boluarte ha dejado claro que está dispuesta a tomar medidas drásticas para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de las familias peruanas, incluyendo la posible implementación de la pena de muerte. Esta decisión, sin embargo, enfrenta desafíos legales y deberá ser cuidadosamente evaluada en el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
