La Contraloría General de la República (CGR) ha dado inicio a una fiscalización nacional a gran escala para investigar el robo y comercialización ilegal de cables eléctricos en Chile. Mediante oficios enviados el 14 de marzo, la entidad ha solicitado antecedentes a diversas instituciones clave, incluyendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Ministerio de Energía.
Estas instituciones tienen plazo hasta el 28 de marzo de 2025 para responder a los requerimientos de la CGR, la cual busca obtener información detallada sobre las acciones de fiscalización y control realizadas en relación con este problema, así como las sanciones aplicadas y las investigaciones planificadas para el presente año.
La decisión de la CGR de iniciar esta fiscalización nacional se enmarca en su planificación de auditorías como organismo de control, en respuesta a los crecientes reportes de millonarias afectaciones que el robo de cables está generando a las empresas distribuidoras de energía eléctrica en todo el país.
El Impacto Devastador del Robo de Cables
Según datos proporcionados por la empresa CGE, que abastece a 3,2 millones de clientes entre Arica y La Araucanía, solo durante el año 2024 se registró el hurto de más de 225 kilómetros de cables de cobre desde sus instalaciones. Las regiones más afectadas fueron Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros) y Tarapacá (29.889 metros).
El robo de cables «ha tenido un aumento exponencial en los últimos años», alertó Matías Hepp, director de operaciones de CGE, quien exigió una mayor acción estatal para «perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país».
Estos delitos no solo interrumpen el suministro eléctrico, sino que también destruyen postes, transformadores y otra infraestructura crítica, lo que genera un impacto económico y social significativo. Solo la reparación de un incidente en Coya, región de O’Higgins, costó $500 millones.
Consecuencias Sociales y Económicas
Según Hepp, cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, se generan graves consecuencias, como la paralización de actividades en empresas y servicios públicos, la suspensión de clases en colegios y riesgos para la seguridad de la población.
Ante esta situación, la empresa CGE ha interpuesto denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público, además de emprender acciones legales para «perseguir a los autores de estos delitos».
La magnitud del problema queda en evidencia al comparar los 225 kilómetros de cables robados, equivalente a la distancia entre Santiago y Los Vilos, con el impacto económico que genera.
La Contraloría General de la República ha tomado cartas en el asunto al iniciar esta fiscalización nacional, con el objetivo de obtener información detallada y tomar medidas efectivas para frenar el robo y comercialización ilegal de cables eléctricos, que afecta gravemente al suministro energético y la infraestructura crítica del país.
