Un grupo de cinco exfuncionarios de la Municipalidad de Pucón, en la región de La Araucanía, han presentado una demanda de tutela laboral solicitando ser reintegrados a sus puestos y recibir una indemnización por daño moral. Esta acción legal se origina a raíz de los acontecimientos ocurridos a finales del año pasado, cuando los profesionales fueron notificados sobre la renovación de sus contratos para el 2025.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Sebastián Álvarez asumió como alcalde. Según el abogado de los exfuncionarios, Fernando Leal, el nuevo jefe comunal revirtió el decreto alcaldicio apenas 18 días después de asumir el cargo, dejando a algunos de los afectados enterándose de su desvinculación cuando se presentaron a marcar su ingreso a la jornada laboral.
Leal argumenta que esta situación vulneró los derechos fundamentales de los exfuncionarios, quienes contaban con un buen desempeño y calificaciones positivas durante sus más de 7 años formando parte de la Municipalidad de Pucón.
En la demanda presentada el pasado martes ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Pucón, los exfuncionarios solicitan ser reincorporados a sus funciones, recibir una indemnización y diversas medidas reparatorias.
Antecedentes y Contexto
La situación de estos exfuncionarios municipales se enmarca en un contexto de cambios de administración en la Municipalidad de Pucón. Cuando el nuevo alcalde, Sebastián Álvarez, asumió el cargo, decidió revertir las renovaciones de contrato previamente aprobadas por la administración anterior.
Esto generó incertidumbre y preocupación entre los empleados, quienes se vieron despedidos de manera abrupta sin una justificación clara. Según los abogados de los exfuncionarios, esta acción vulneró sus derechos laborales y les causó daños morales que deben ser resarcidos.
Implicaciones y Perspectivas
La demanda presentada por los exfuncionarios de la Municipalidad de Pucón pone en evidencia la importancia de garantizar la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, incluso en contextos de cambios de administración.
El resultado de este caso podría sentar un precedente sobre la protección de los empleados públicos ante despidos arbitrarios o injustificados, y obligar a las autoridades a actuar con mayor transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones que afectan a su personal.
Independientemente del desenlace, este caso resalta la importancia de establecer mecanismos que garanticen la continuidad y estabilidad laboral en el sector público, evitando que los cambios políticos se traduzcan en inestabilidad y vulneración de derechos para los funcionarios.