En la región del Bío Bío, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa se enfrenta a una ola de robos y vandalismo que afecta a los recintos educacionales bajo su cargo. Ante esta situación, el SLEP se desmarca de la responsabilidad exclusiva de los sostenedores, argumentando que la seguridad es un asunto de orden público que trasciende sus competencias.
Según Ramón Jara, director ejecutivo del SLEP, si bien se puede revisar el proyecto de seguridad, los temas de orden público «no son competencia de los sostenedores». Esta posición contrasta con la del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Andalién Costa, Jorge Parra, quien acusa al sostenedor de «no tomarle el peso» a la situación.
Perspectivas Encontradas
Mientras el SLEP se deslinda de la responsabilidad de la seguridad, los docentes esperan que se realice una inversión en materia de seguridad y que se incrementen las rondas policiales en la zona. Según ellos, los principales afectados por los robos y daños en escuelas y liceos son los estudiantes de la educación pública.
En este contexto, surge la pregunta: ¿Quién debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales? El SLEP argumenta que es un asunto de orden público, mientras los docentes reclaman una mayor participación de los sostenedores.
Buscando Soluciones Integrales
Para abordar este desafío, se necesita una colaboración estrecha entre el SLEP, los sostenedores y las autoridades locales. Esto podría incluir la implementación de sistemas de vigilancia, la coordinación con la policía y la educación de la comunidad sobre la importancia de la seguridad escolar.
Además, es crucial que se realice una evaluación exhaustiva de las necesidades de seguridad en cada establecimiento, para así poder diseñar e implementar soluciones a medida. Esto permitiría abordar los problemas de manera más efectiva y proteger a los estudiantes de la educación pública en Andalién Costa.
En resumen, la seguridad escolar en Andalién Costa requiere un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes, más allá de las responsabilidades de los sostenedores. Solo a través de una colaboración efectiva y la implementación de medidas adaptadas a las necesidades locales, se podrá garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes.
