La reciente revelación de que el gobierno elevó en casi $100 millones más el costo de la fallida compra de la casa de Allende ha generado un escándalo que sacude los cimientos del Ejecutivo. La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se ha visto obligada a enfrentar las preguntas y explicar los hechos.
Según Etcheverry, existen investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y un sumario administrativo en Bienes Nacionales para dilucidar qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes. La ministra reconoce que las cosas no se hicieron como tenían que hacerse y que, por esa razón, el proyecto tuvo que ser frenado a mitad de camino.
Etcheverry enfatiza que, si bien el interés por el resguardo patrimonial ha caracterizado a este gobierno, en este caso las consecuencias se evitaron al no haberse concretado la transferencia de propiedad ni recursos. Sin embargo, la ministra subraya la importancia de las investigaciones en curso para dilucidar las fallas y determinar las responsabilidades.
En cuanto a las posibles consecuencias políticas, Etcheverry señala que los parlamentarios tienen el derecho a utilizar sus atribuciones y presentar los requerimientos que consideren necesarios. No obstante, la ministra recalca que estos procesos institucionales deben llevarse a cabo y que el Ejecutivo colaborará con ellos y estará atento a los resultados.
La fallida compra de la casa de Allende ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los procedimientos y la transparencia en este tipo de operaciones gubernamentales. Mientras las investigaciones avanzan, el gobierno se enfrenta a un desafío importante para restablecer la confianza pública y demostrar su compromiso con la rendición de cuentas.
